Los kaibiles fueron acusados de estar detrás de la masacre.
Los kaibiles fueron acusados de estar detrás de la masacre.

www.fuerzasmilitares.org (05MAR2020).- Los últimos a los que mataron fueron los niños más pequeños.

A muchos de ellos, para ahorrar balas, solo los echaban dentro del pozo del pueblo, uno tras otro, mientras el llanto se ahogaba en el chapoteo desesperado del agua.

El foso se había ido llenando de cadáveres: primero fueron los hombres, casi todos con un tiro en la cabeza, luego siguieron las mujeres, que fueron repetidamente violadas.

Dos días después, el 8 de diciembre de 1982, el olor a podrido de la carne envolvía la aldea de Dos Erres, una comuna de campesinos perdida en la selva del Petén, en el norte de Guatemala.

Los 58 kaibiles, los soldados de las fuerzas especiales a cargo de la "vacunación" del poblado, se iban con las manos vacías: no encontraron los 19 fusiles que creían que la guerrilla había escondido allí. Tampoco ninguna seña de "propaganda comunista".

Atrás, en el pozo, quedaban los cadáveres de más de 200 personas, la mayor parte de ellas mujeres y niños.

Herida abierta

La masacre, que tuvo lugar bajo el régimen de Efraín Ríos Montt, ha sido por años una herida abierta en la memoria histórica de Guatemala.

Casi cuatro décadas después, solo seis exmilitares, todos de menor rango, han sido condenados por la que se considera una de las peores atrocidades cometidas por el ejército durante la guerra civil en Guatemala (1960-1996).

Ahora, un nuevo presunto implicado en aquellos hechos podría enfrentar la justicia.

El martes, autoridades de Estados Unidos deportaron a Guatemala a Gilberto Jordán, un exmiembro de los kaibiles acusado en su país por "delitos contra los deberes de la humanidad" por su supuesta participación en la masacre.

Según informó el Ministerio Público de la nación centroamericana, las autoridades emitieron una orden de aprensión contra Jordán en 2000 y luego otra en 2010, aunque Estados Unidos no respondió hasta ahora.

La deportación de Jordán, de 64 años, se hizo efectiva luego de que cumpliera una década en una cárcel estadounidense, tras ser condenado por mentir en la solicitud para su ciudadanía sobre su participación en crímenes en su lugar de origen.

"La reconciliación verdadera con el pasado requiere la recuperación de la verdad y justicia. El respeto a los derechos humanos es clave en la relación entre EE.UU. y Guatemala", escribió la embajada de Washington en el país centroamericano tras la deportación.

De los seis condenados hasta ahora por la masacre, tres habían vivido por décadas en Estados Unidos pese a las múltiples denuncias de organizaciones de derechos humanos.

En 2011, Washington deportó a Guatemala a Pedro Pimentel Ríos; quien luego sería condenado a 6.060 años de prisión, y en 2016 retornó a Santos López Alonso, quien recibió una pena de 5.160 años.

¿En qué contexto ocurrió la masacre?

Por aquellos años, Guatemala vivía su segunda década de una violenta guerra civil que había devastado al país de un confín a otro.

Los gobiernos militares que se sucedieron desde el golpe de Estado de 1954 contra Jacabo Árbenz habían dejado tras de sí un mapa de tierras arrasadas y miles de muertos.

Según estimaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, una especie de comisión de la verdad que funcionó en el país, más de 200.000 personas murieron y otras 45.000 desaparecieron como resultado del conflicto.

Datos de ese grupo indican que el 93% de las muertes fueron responsabilidad del ejército, financiado por Estados Unidos, quien entrenaba a los miembros del ejército guatemalteco en su macabra Escuela de las Américas.

Para 1982, ocho meses antes de la masacre, un grupo de jóvenes militares, encabezados por Ríos Montt, dieron otro golpe de Estado y decidieron juntar fuerzas para poner fin a la guerrilla marxista, que financiaban la Unión Soviética y Cuba.

Pero solo durante los 17 meses que duró Ríos Montt en el poder (fue derrocado en otro golpe de Estado en agosto de 1983), el ejército mató a unos 1.700 indígenas, lo que fue considerado por la ONU como un genocidio.

La mayor masacre que dejó su gobierno, sin embargo, ocurrió en la selva tupida del Petén, cuando militares de las tropas especiales kaibiles mataron a más de 200 campesinos.

¿Cómo fue la masacre?

Todo comenzó a finales de 1982 tras una operación de los rebeldes en la selva, en la que los kaibiles perdieron 17 soldados y 19 armas.

Las fuerzas especiales comenzaron a cercar la zona en busca de los guerrilleros y desde inicios de diciembre de ese año tuvieron un blanco claro: la aldea Dos Erres.

La comuna, integrada por campesinos, la mayoría de origen indígena, se había reunido allí desde 1978, cuando el gobierno de Lucas García inició un reparto gratuito de tierras.

En la madrugada del 6 de diciembre, los kaibiles, disfrazados de guerrilleros para despistar, fueron casa por casa de la aldea sacando a todos sus habitantes.

Los reunieron en la plaza. Las mujeres y algunos niños fueron encerrados en la iglesia y en una escuela, mientras los soldados comenzaron a buscar infructuosamente las pruebas que los había llevado allí: los fusiles confiscados y cualquier cosa que pudiera señalar la presencia de la guerrilla.

Al día siguiente, se comenzaron a oír los gritos y los tiros. La carnicería había comenzado.

El pozo de Dos Erres, la fuente de agua que había servido desde hacía cuatro años para sustentar la vida de la nueva comuna, se convirtió en su cementerio de urgencia, en un foso húmedo lleno de cadáveres frescos.

¿Qué pasó con los responsables?

En 1994, un grupo de familiares de desparecidos del régimen militar logró que antropólogos argentinos localizaran los primeros cadáveres.

Sin embargo, las autoridades de Guatemala se negaron por años a investigar lo sucedido.

Los familiares tocaron las puertas de varios organismos regionales y, finalmente, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el año 2000 llegó a un acuerdo con el gobierno de Guatemala en el que este se comprometía, entre otras medidas, a identificar a los autores materiales e intelectuales de la masacre.

Pero en febrero de 2005, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala canceló las órdenes de arresto contra 16 exkaibiles que habían sido identificados por los sobrevivientes de Dos Erres.

El tribunal, además, anuló las declaraciones de otros exmilitares que habían reconocido su participación en la matanza o la existencia de "órdenes superiores" para arrasar con el poblado.

Finalmente, en 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado guatemalteco como responsable de la matanza y dos años después los primeros cuatro exsoldados fueron condenados.

El último de ellos en recibir una pena fue Santos Alonso, tras su deportación de EE.UU. en 2016.

A través de los años, organizaciones de derechos humanos han señalado al gobierno de Guatemala por no haber llevado ante la justicia a los altos mandos que ordenaron, planificaron o ejecutaron la matanza.

Se cree que varios de ellos todavía viven en el país y otros continúan en el mismo lugar donde se refugiaron tras el fin de la guerra: Estados Unidos.

 

(bcc.com)