En un comunicado colgado en su página de internet, el grupo guerrillero afirma que a la liberación previamente anunciada de seis uniformados secuestrados sumará la de los cuatro restantes en su poder. Afirma también que renuncia al plagio de civiles como método de financiación.

Las Farc anunciaron que junto con los seis uniformados secuestrados que había prometido devolver, liberará también a los otros cuatro integrantes de la Fuerza Pública que mantiene cautivos, según un comunicado de prensa que esa guerrilla publicó en su sitio de internet.

Dentro de un pronunciamiento en el que argumentan que"que no caben más largas a la posibilidad de entablar conversaciones", el grupo guerrillero informó de su decisión de "de sumar a la anunciada liberación de los seis prisioneros de guerra, la de los cuatro restantes en nuestro poder".

Así la liberación incluye a los militares Luis Alfonso Beltrán Franco, Luis Arturo Arcía, Robinson Salcedo Guarín y Luis Alfredo Moreno Chagüeza; así como a los policías Carlos José Duarte, César Augusto Lasso Monsalve, Jorge Trujillo Solarte, Jorge Humberto Romero, José Libardo Forero y Wilson Rojas Medina. 

Igualmente la agrupación insurgente declaró que abandonarán el secuestro extorsivo de civiles para subvencionarse, al señalar que dicha práctica, que define como "retenciones de personas, hombres o mujeres de la población civil, que con fines financieros efectuamos las Farc a objeto de sostener nuestra lucha", finalizará.

En los últimos cuatro meses, 150 altos oficiales de las Fuerzas Armadas, con apoyo de Estados Unidos, pusieron a punto una nueva estrategia que tiene el desafío de responder a las cambiantes condiciones de la guerra en Colombia. Según sus diseñadores, los primeros resultados solo se verían hacia mediados de año, pero, entre la escalada de acciones típicamente terroristas con las que Timochenko -nuevo comandante de las Farc- resolvió iniciar 2012 y el fuego de los críticos, el gobierno tiene una inmensa presión para mostrarlos.

Como lo señala un nuevo estudio del Centro Seguridad y Democracia que dirige Alfredo Rangel, el gobierno nacional está atrasado en responder a los profundos cambios que ha sufrido el conflicto armado. No solo porque le tomó año y medio (más dos ministros de Defensa y dos cúpulas militares) poner en pie una nueva estrategia, cuya efectividad aún está por probarse, sino porque esos cambios y el deterioro en algunos indicadores empezaron al final del gobierno anterior, algo que no mencionan quienes hoy imputan al actual el pecado capital de apartarse de la seguridad democrática. 

Mientras esa política se mantuvo hasta ahora con apenas algunos ajustes, desde comienzos de 2008 las Farc, con Alfonso Cano, dieron un viraje estratégico (su Plan Renacer) gracias al cual, como lo reconocen en Defensa, lograron mantenerse mediante la combinación de un repliegue que los militares llaman sus "áreas base" -una decena de zonas remotas del país, varias de ellas en fronteras, donde han tenido una presencia histórica- y el retorno al hostigamiento guerrillero clásico, que evade, en la mayoría de los casos, entrar en combate. Con Timochenko se han presentado acciones que no se veían hace mucho, como el ataque coordinado al radar del cerro Santa Ana, en Cauca, el mes pasado, y el recurso a la dinamita que, con el pretexto de atacar instalaciones militares o policiales, cobra víctimas civiles indiscriminadas y es de alto impacto entre la gente y en los medios.

Una programación radiofónica ininterrumpida de 110 horas por la liberación de los secuestrados en Colombia terminó el jueves en Bogotá, coincidiendo con la fecha en que hace diez años fue secuestrada la colombo-francesa Ingrid Betancourt por la guerrilla comunista de las FARC.

Aunque Betancourt se encuentra libre desde el 22 de julio de 2008, día en que fue rescatada en un operativo militar que también llevó a la libertad a tres estadounidenses y a once policías y militares colombianos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) aún mantienen en su poder a por lo menos 11 uniformados y un número indeterminado de civiles.

Según la ONG País Libre, que trabaja con víctimas del secuestro, en el primer semestre de 2011 se denunciaron 177 secuestros, de los cuales 100 atribuidos a las delincuencia común, 60 a las FARC, 13 a la también guerrilla izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN) y cuatro a bandas criminales de exparamilitares de extrema derecha vinculadas al narcotráfico.

El objetivo del maratón radial, que arrancó en la medianoche del sábado al domingo pasados en la plaza Bolívar del centro de Bogotá, era reclamar la liberación de los uniformados y civiles secuestrados por esos grupos armados.

"En estas 110 horas hemos logrado enlazar 2.610 emisoras radiales, leímos más de 12.000 mensajes (de familiares y otras personas en solidaridad con los secuestrados) y logramos que las redes sociales se hicieran eco más de 6 millones de veces de esos mensajes", dijo el periodista Herbin Hoyos, quien estuvo al frente de la iniciativa.

La justicia de Colombia ordenó hoy el encarcelamiento provisional del ex alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, por negarse a comparecer ante los tribunales para que responda por una falsa desmovilización de supuestos rebeldes.

El Juzgado 62 de Garantías de Bogotá consideró en su fallo de este jueves que es "prudente, necesaria, adecuada y pertinente la medida de aseguramiento provisional contra el doctor Luis C. Restrepo".

La decisión se tomó porque la defensa de Restrepo no argumentó en forma suficiente las razones por las cuales su cliente no respondió al llamado de la justicia en el proceso en su contra por la falsa desmovilización de un frente de las FARC en marzo de 2006.

La justicia consideró que los cargos que la Fiscalía General le imputó a Restrepo son "muy graves", pero no existen evidencias que demuestren que el ex funcionario avaló una falsa desmovilización de un frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El pasado 10 de febrero, la Fiscalía General de Colombia imputó cargos a Restrepo por su "presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, concierto para delinquir, fraude procesal y tráfico, porte y fabricación de armas".

Las autoridades judiciales comprobaron que Restrepo abandonó el país en enero pasado y pasó a la clandestinidad con el argumento que existe una falta de garantías procesales y para preservar su integridad física y la de su familia.

Presidente cuestionó a quienes, "por razones puramente políticas, quieren hacerle daño al Gobierno". "Todos los días perseguimos a los narcotraficantes; todos los días luchamos contra las bandas criminales; todos los días vamos hasta las madrigueras de los guerrilleros", afirmó el Jefe de Estado durante el discurso con el que dio inicio a la jornada de rendición de cuentas del Gobierno.

Santos les respondió a los sectores políticos que critican que supuestamente las tropas estén desmoralizadas o se haya bajado la guardia en materia de seguridad.

"A esas personas les digo que se equivocan, de cabo a rabo. Esas personas lo que hacen con sus cuestionamientos es golpear el corazón de cada soldado y de cada policía que expone su vida a diario", sostuvo.

"Combatir la inseguridad es una tarea permanente en nuestra agenda de gobierno. Sabemos de la preocupación de los colombianos. Sentimos como propio el llanto de quienes pierden a sus seres queridos", agregó el mandatario.