En cartas dirigidas a la exsenadora Piedad Córdoba y a varios congresistas el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, expresó su decisión de remitir al Presidente la solicitud hecha a su despacho para que se autorice el ingreso de la ‘Comisión Internacional de Observación de los Derechos Humanos a los Establecimientos Carcelarios’, de quien hace parte Piedad Córdoba.

En la comunicación el Ministro se declara “sorprendido con los últimos pronunciamientos públicos en el sentido de que tales visitas tendrían como población objetivo a los 'presos y presas políticos, de guerra y de conciencia' -que, como dije, no existen en Colombia- y de que la Comisión de Mujeres tendría la misión de 'mediar', sin que el Gobierno la hubiera autorizado para ello".El ministro dice que el objeto de las visitas no fue precisamente el que se había enunciado, “mientras que siempre fueron planteadas como de carácter humanitario para verificar las condiciones de quienes se encuentran privados de la libertad, ahora ha venido a decirse que se trata de la 'cuota inicial' del proceso de paz entre la guerrilla y el Gobierno".

Así las cosas, agrega el alto funcionario, "me resulta imposible conceder el permiso requerido (…) habida cuenta de que dichas declaraciones cambian por completo el sentido de lo solicitado y de que un proceso de tales dimensiones pasa a ser del resorte exclusivo del señor Presidente de la República".

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Durante el Gobierno del Presidente Santos, han sido aprobadas 299 extradiciones a países como Estados Unidos, España, Argentina, Ecuador y Perú, principalmente. Esta cifra demuestra que la extradición, como mecanismo de cooperación jurídica internacional, sigue siendo una herramienta clave en la lucha contra la criminalidad transnacional y en la desarticulación de las organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de drogas y al lavado de dinero.

Sin duda, desde la expedición de la Ley de Seguridad Ciudadana, la extradición simplificada ha hecho más expedito este mecanismo al permitirle al ciudadano solicitado en extradición renunciar al procedimiento establecido en la ley para la etapa judicial que se surte ante la Corte Suprema de Justicia. Con esto, se reduce en más del 50% del tiempo promedio requerido para el estudio de la viabilidad de la extradición y se reduce la etapa judicial del trámite de extradición de cinco meses y medio a apenas 2 meses y 18 días, “lo que constituye un avance significativo en la agilización de la cooperación internacional y en el beneficio que reporta a la persona reclamada, por la posibilidad que tiene de comparecer rápidamente ante las autoridades judiciales del país que lo reclama para resolver su situación”, aseguró el Ministro Juan Carlos Esguerra.

Minjusticia autorizó visita de Colombianos y Colombianas Por la Paz a miembros de Farc en la cárcel. El Ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, fue enfático en señalar que en Colombia no existen presos políticos o prisioneros de guerra, y aclaró quelo único que determina las condiciones de privación de la libertad de las personas es la peligrosidad de los delitos por los cuales han sido condenados o están siendo procesados.

"No presos políticos porque aquí no hay presos políticos, por supuesto no prisioneros de guerra porque aquí no hay prisioneros de guerra", sostuvo el ministro.

Sobre las condiciones de los miembros de la guerrilla de las Farc que están en prisión, aseguró que "son las mismas en las que están las demás personas que están privadas de su libertad, como sindicados o como condenados. Que tengan una situación distinta de la de los demás sindicados o condenados por la circunstancia de ser o haber sido miembro de la guerrilla, por supuesto no, porque ellos están siendo o han sido perseguidos juzgados y condenados lo mismo que los demás que se encuentran en las cárceles", aseveró el jefe de la cartera de justicia.

El Gobierno se equivoca al no reconocer el deterioro del orden público, insistir en  la persecución sólo de los principales cabecillas de la guerrilla, la ambigüedad en el tema de los diálogos de paz, la inseguridad jurídica de la Fuerza Pública y la relación poco exigente con Venezuela, entre otros puntos.

Para algunos,se trata de una completa radiografía sobre los retrocesos que vive Colombia en la actualidad frente al tema de la seguridad. Para otros, es un documento que si bien no es para desechar,hay que asumirlo con precaución y beneficio de inventario teniendo en cuenta que la Fundación Seguridad y Democracia está dirigida por Alfredo Rangel, persona muy cercana al expresidente Álvaro Uribe Vélez, hoy por hoy crítico acérrimo del gobierno de Juan Manuel Santos. Se trata de un documento titulado‘Los siete pecados capitales de la seguridad’, en el que se advierte que el deterioro en este aspecto es evidente y que la percepción negativa de la situación por parte de la opinión pública es reiterada por todas las encuestas.

El diagnóstico es contundente:“El primer mes del presente año ha sido el más violento de los últimos ocho años, pero es la continuación de una tendencia que ya viene de años anteriores. Existe un rebrote de los ataques de la guerrilla contra la Fuerza Pública y la población civil, así como un inusitado aumento de los atentados contra la infraestructura económica nacional, del secuestro y de la extorsión. Recientemente las bandas criminales han hecho demostraciones sin antecedentes de capacidad de intimidación violenta contra poblaciones enteras. La alianza de las estructuras guerrilleras con estas bandas criminales constituye una nueva, inédita y repotenciada amenaza contra la seguridad colectiva”.

Es la nueva estrategia del Inpec para frenar las extorsiones desde los penales. "Esta llamada es de la cárcel de alta seguridad de Valledupar". Este es el mensaje que usted escuchará en su teléfono si intentan comunicarse desde ese penal. El anuncio, previo a que se enlace la comunicación, es la nueva estrategia del Inpec para frenar la extorsión desde el interior de las cárceles del país.

El Instituto explicó que el mensaje de advertencia es emitido cada vez que los internos llaman desde los teléfonos públicos ubicados en los patios de los centros penitenciarios. La medida se viene aplicando desde hace dos semanas, luego de que el Inpec solicitara a los operadores de telefonía implementar esta tecnología.

La cárcel de Valledupar no es la única en la que funcionará esta tecnología, ya que también se emite desde los teléfonos de los centros de reclusión de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta.