Colombia y Venezuela acordaron crear una empresa mixta para la exploración y explotación de campos petroleros en territorio venezolano a finales del presente año, anunció el ministro de Minas y Energía de Colombia, Mauricio Cárdenas, citado por la prensa internacional.

Según Cárdenas, la empresa debe recuperar cuatro campos maduros en Venezuela: los bloques 14 y 19 en el Lago de Maracaibo y los campos Guáfita y La Victoria en Apure y Barinas, los cuales producen 40.000 barriles de petróleo por día.

“La idea es ejecutar los trabajos para recuperar los campos y elevar la producción a 100.000 barriles por día, ya que PDVSA estima que las reservas de los cuatro están por el orden de los 816 millones de barriles”, sostuvo Cárdenas.

“El camino está libre para las liberaciones”, dijo el delegado del CICR en Colombia Jordi Raich al término de una reunión en la que se evaluaron algunos detalles técnicos para el desarrollo de la operación humanitaria que traerá a la libertad a los 10 militares y policías que permanecen secuestrados por las Farc.

“Lo más simbólico no es la fecha, como el hecho de que a partir de ahora el camino está libre para comenzar todo lo que es el proceso logístico. Es decir que ahora la liberación solo depende de la logística y el itinerario que se estableció previamente”, dijo Raich al explicar que al término de esta semana llegarán los helicópteros que el gobierno de Brasil facilitó para la entrega de los uniformados que cumplen más de trece años en poder de la guerrilla.

A su turno, el Viceministro de Defensa, Jorge Bedoya, señaló que el Gobierno espera que en las próximas horas se defina la zona y el aeropuerto desde donde saldrán los helicópteros brasileños que recogerán a los militares Luis Alfonso Beltrán Franco, Luis Arturo Arcia, Robinson Salcedo Guarín y Luis Alfredo Moreno Chagüeza, y los policías Carlos José Duarte, César Augusto Lasso Monsalve, Jorge Trujillo Solarte, Jorge Humberto Romero, José Libardo Forero y Wilson Rojas Medina.

"La logística está coordinada, simplemente lo que se necesita es el aeropuerto desde el cual deberán salir las aeronaves para poder recoger a los secuestrados y eso dará el inicio al proceso", explicó Bedoya al finalizar este miércoles una reunión con el Comité Internacional de la Cruz Roja, representantes del gobierno de Brasil y Colombianos y Colombianas por la Paz.

En los últimos meses la opinión pública del país se ha dividido entre la necesidad de abrir la puerta al diálogo para buscar una salida negociada al conflicto armado con las Farc y quienes consideran que la única alternativa válida en la actualidad es el combate armado. Los primeros lo hacen impulsados por la promesa de esta organización de liberar a los miembros de la Fuerza Pública secuestrados y renunciar a la práctica de éste delito como estrategia de financiación. Los otros basan su argumento en los últimos ataques de la guerrilla en los cuales se presentaron evidentes violaciones a los tratados internacionales sobre el conflicto.

Para el exministro y excandidato a la presidencia Álvaro Leyva Durán no se puede hablar de negociaciones de paz o salidas negociadas al conflicto cuando si en los campos de batalla no se respetan los acuerdos internacionales ni se respeta la dignidad y del combatiente. Por este motivo, le presentó un protocolo de humanización de la guerra al presidente Juan Manuel Santos lo que, señala Leyva, sería el paso previo y obligatorio para cualquier diálogo en busca de la paz.

Argumenta Leyva: “recordemos que el DIH es una normativa de aplicación obligatoria inmediata; que hace parte del bloque de constitucionalidad; que su no aplicación acarrea responsabilidades para el Estado y los alzados, y que es un instrumento válido para aproximarnos a la reconciliación nacional”.

La exsenadora Piedad Córdoba Ruiz se pronunció este sábado en la noche acerca de la condición que fijaron las Farc para hacer efectiva laentrega de diez uniformados secuestrados que prometieron dejar en libertad. “Confío en que gobierno colombiano @JuanManSantos permitirá visita a guerrilleros presos”, sostuvo primero en su cuenta en Twitter.

Luego en entrevista con Telesur, Córdoba dijo que tiene “confianza” en que el presidente Juan Manuel Santos dé el permiso para visitar las cárceles y dar paso a que las Farc puedan iniciar el proceso de liberaciones.

“Creemos que estamos en la capacidad de insistir en la posibilidad de las visitas a las cárceles”, señaló la excongresista, ahora disidente del Partido Liberal.

“Creemos que con la conjugación de esfuerzos con el Gobierno nacional vamos a sacar esta situación adelante”, expresó.

También dijo estar satisfecha de la pronta respuesta que brindaron a las Farc al protocolo de seguridad, así como también de que el proceso de liberación de 10 cautivos se lleve a cabo en dos jornadas.

Con respecto a las visitas a los centros de reclusión, Córdoba anunció que este viernes el grupo de Colombianos y Colombianas por la Paz envió una carta al ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, para solicitar que a partir de este 27 de marzo los activistas visiten las cárceles.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denuncia que las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos no se han erradicado totalmente en Colombia, a pesar de los esfuerzos gubernamentales para acabar con dicha práctica.

"La práctica de las ejecuciones extrajudiciales no se ha erradicado totalmente. La oficina en Colombia observó casos con características de esta grave violación en Arauca, Bogotá, Cauca y Cesar" , reza el informe sobre Colombia preparado por el Alto Comisionado y que mañana será considerado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

"En varios casos, se observaron inconsistencias sobre lo ocurrido en las versiones de las autoridades militares, asÍ como una tendencia por parte de algunos funcionarios a desprestigiar y estigmatizar a las víctimas y a entorpecer la justicia" , prosigue el informe, que detalla ejemplos concretos.

El Alto Comisionado considera que el Gobierno debería investigar estas denuncias e implementar debidamente la normativa que impide y previene dicha práctica, en aras a que este tipo de ejecuciones no vuelvan a ocurrir.