Guillermo Alfonso Jaramillo, secretario de Salud de Bogotá, frente a algunas denuncias sobre la escasa oferta de ambulancias que hay en la capital colombiana, dejó claro que sí hay los dispositivos necesarios para atender las emergencias, y explicó que si se presentan demoras en algunos casos, es porque muchas de las llamadas son falsas o porque las EPS no surten las ambulancias que deberían a sus usuarios. 

“Tenemos las suficientes ambulancias. Lo que sucede es que si vamos a atender un caso y tengo afiliación a la EPS Sanitas, pasa un accidente y pido una ambulancia a esa EPS,pues pregunten si tienen una porque lo que contestan ellos es que llame al 123. Entonces  los del 123 se comunican con nosotros, constatamos la situación y ofrecemos la ambulancia”, explicó el funcionario a Caracol Radio.  

La decisión de dejar en libertad a cerca de 1.500 exparamilitares que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz o,  prorrogar esta Ley con la que se evitaría la excarcelación de los desmovilizados, pero incumpliendo los compromisos asumidos con quienes dejaron las armas, es la disyuntiva que tiene que definir el Congreso. Se trata de una iniciativa presentada por la exfiscal, Viviane Morales, quien consciente del pálido balance de justicia y paz –solo tres sentencias en más de siete años-, pidió una prórroga de norma.

La preocupación de Morales fue acogida por el Fiscal, Eduardo Montealegre, quien al asumir la dirección del órgano acusador manifestó que el país no se puede dar el lujo de que la Ley de Justicia y Paz fracase y por eso ha propuesto una reestructuración de la justicia transicional que ha sido criticada por su poca eficacia en materia verdad y reparación de las víctimas.

Para lograr este fin, el vicefiscal, Jorge Eduardo Perdomo, advirtió de la posibilidad de que el próximo año cerca de 1.500 desmovilizados recuperen la libertad tras cumplir el tiempo máximo que plantea la pena alternativa para quienes cometieron delitos atroces que es de ocho años. Por este motivo, se preguntó “si esas personas deben gozar de ese beneficio porque, si no es así, quienes están detenidos y tendrían que recuperar la libertad pondrían en duda lo que se denomina la confianza legítima del Estado”.

Esta vez las que tomaron la vocería para protestar por la crisis en la que está sumido el sector de la salud en Colombia, fueron las clínicas y hospitales. En Bogotá, el propio secretario de salud del Distrito, Guillermo Alfonso Jaramillo –uno de los abanderados de esta movilización–, encabezó la mañana del jueves una marcha por la carrera séptima hasta la Plaza de Bolívar. Lo acompañaron cerca de diez mil personas.

Hicieron presencia médicos, asociaciones de pacientes, funcionarios del sector y también ciudadanos del común que han visto cómo las finanzas del sistema siguen en picada, muy a pesar de las medidas que ha intentado tomar el Gobierno.

Las cuentas de la debacle económica en el sector, sólo por el lado de las clínicas y hospitales, son más que preocupantes: se estima que la deuda de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) con la red hospitalaria de Bogotá supera los $260.000 millones, lo que ha provocado que estas instituciones se atrasen en el pago de salarios y prestaciones a los trabajadores, y en sus compromisos con los proveedores.

A partir del 3 de julio, los colombianos que compren Vivienda de Interés Prioritario (VIP) hasta por $40 millones y Vivienda de Interés Social hasta por $70 millones, podrán acceder al subsidio a la tasa de interés, anunció el Gobierno Nacional.

Para poner en marcha esta estrategia, el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras,dijo que se destinarán $1.4 billones, recursos que alcanzarán para financiar unas 140.000 casas.

La idea es que se subsidie la tasa de interés hasta en un 30%, ofreciendo la posibilidad a las personas de estratos 1 y 2 de acceder a su propiedad nueva y de esta forma se cumpla con el objetivo que tiene el Gobierno de llegar a la construcción de 1.000.000 de viviendas antes de finalizar 2014.

elespectador.com

La Procuraduría General abrió investigación formal contra 128 entidades estatalespor el presunto mal manejo de multimillonarios recursos de la Nación.

Según el Ministerio Público, estas entidades habrían presentado balances financieros cargados de irregularidades, que podrían evidenciar gastos no justificados y diversas deficiencias en el uso de sus chequeras.

La investigación se desprende de las pruebas encontradas por la Contraloría y la Auditoría General, entre las cuales se encontraron balances acomodados y registros falsificados, los cuales serán presentados en los próximos días ante la Comisión de Gastos del Congreso de la República para su examen.

Entre los organismos investigados estaría el Hospital Militar Central, el Instituto Nacional de Salud; el Fondo Rotatorio de la Armada Nacional; la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, informó La Fm.

Igualmente por estas irregularidades serán investigados el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Escuela Superior de Administración Pública, la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuaria, Fiduagraria; el Archivo General de la Nación, la Central Hidroeléctrica del Cauca, varios institutos de educación superior, como la Universidad Surcolombiana; y el Instituto Nacional para Ciegos.