Omitió las pruebas claras que vinculaban a gente de alias ‘Cuchillo’ con el asesinato de una mujer en el Guaviare.El Tribual Superior de Villavicencio condenó a cinco años y seis meses de prisión al exfical seccional de San José Guaviare, Carlos Alberto Baquero Torres, por cancelar de manera irregular una serie de órdenes de captura en contra de paramilitares que operaban en dicha región.

Según la decisión judicial, el exfiscal incurrió en los delitos de destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, en concurso con prevaricato por acción,puesto que sin razón alguna dio marcha atrás a las órdenes de captura que existían contra hombres de alias ‘Cuchillo’ sindicados de haber asesinado a tres mujeres en dicho departamento.

En la investigación se resalta el hecho de que Baquero Torres estaba a cargo de un proceso por la desaparición de tres mujeres el 2 de septiembre de 2003, en la vereda Porvenir de San José de Guaviare, donde, paramilitares al mando de Pedro Oliverio Guerrero, alias ‘Cuchillo’, retuvieron a la señora Gladys Orfilia Pardo Sarmiento quien disfrutaba una paseo familiar.

Días más tarde sus hermanas Hermelinda Pabón Sarmiento y Sonia Patricia Vera Sarmiento y se enteraron de su homicidio perpetrado por los integrantes de los grupos paramilitares que estaban al mando de ‘Cuchillo’, sin embargo no les dieron mayor información sobre el paradero de sus seres queridos y a cambio de eso fueron amenazadas e intimidadas para que abandonaran su hogar.

Ante estos hechos, el entonces fiscal seccional continúo con la investigación, sin embargo, y pese a las pruebas claras canceló las ordenes de captura proferidas en contra de José Heberto López Montero, alias ‘Caracho’, Israel Campo Villamil, alias ‘Matasiete’, y Víctor Julio Almanza, alias ‘Ramoncito’.

Estas personas fueron señaladas por un exintegrante de las autodefensas de haber participado en el crimen e indicó el lugar donde fueron inhumados los cuerpos.

También, el entonces funcionario judicial canceló la investigación por la desaparición, por el desplazamiento y por el homicidio de las mujeres fue remitida a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, uno de cuyos fiscales aseguró a los procesados en octubre de 2009. 

RIA Novosti

Quemaduras con ácido. Foto de archivo.El Juez Cuarto Penal de Bucaramanga, con funciones de conocimiento, sentenció a 27 años de prisión y multa de 94 millones de pesos a David Mosquera Ruiz, que atacó con ácido a Nubia Patricia Carreño y su hija menor de edad, quienes quedaron condeformidad permanente en rostro y cuerpo.

Mosquera Ruiz fue encontrado responsable del lesiones personales dolosas en concurso homogéneo y sucesivo.

Los hechos investigados por la Fiscalía ocurrieron en el barrio El Poblado de Girón (Santander) el 6 de noviembre de 2010, cuando las víctimas abrieron la puerta de su residencia y sufrieron la agresión.

También en este caso el Juzgado Quinto Penal ya emitió sentido de fallo condenatorio contra Edinson Díaz, vendedor de jugos en el parque de Girón. La sentencia de ese procesado será conocida el 13 de agosto próximo.

Mosquera Ruiz cumplirá la pena en la Cárcel Modelo de Bucaramanga.

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Coronel Cristian Flórez Un francotirador asesinó en las últimas horas al Coronel Cristian Flórez, comandante de la Policía de Carreteras de Antioquia en un sitio conocido como 'El 12' entre Tarazá y Valdivia, en la troncal occidente hacia la costa Atlántica.

Según Santiago Londoño, secretario de Gobierno de Antioquia, el carro en el que se movilizaba Flórez fue impactado por tres disparos y uno de ellos fue el que dio muerte a Flórez.

"Lamentablemente fue asesinado de una manera miserable, con un francotirador a distancia. Nos duele en el alma y esto lo único que tiene que servir es para seguir motivando la acción contra los grupos terroristas y criminales", dijo Juan Carlos Pinzón, Ministro de Defensa.

Este es el segundo comandante de la policía de carreteras que es asesinado en menos de 18 meses. En junio del 2011 el mayor Félix Antonio Jaimes murió en un retén instalado por las Farc a la altura de la vereda Pajarito, entre Yarumal y el corregimiento Llanos de Cuivá, norte de Antioquia.

El General José Gerardo Acevedo, comandante de la Policía Antioquia, se traslada a la zona para ponerse al frente de los operativos que buscarían dar con los responsables del asesinato.

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El robo de cables es una actividad muy peligrosaEste año, 41 personas han muerto electrocutadas, pegadas a un poste de la luz o del teléfono cuando robaban cable. La cifra tiene en alerta a las autoridades, que han dedicado un grupo especial de la Policía a desarticular la mafia que hay detrás del hurto de cable para la extracción de cobre.

Uno de los puntos de partida de la Dijín es que Colombia aparece en la lista de exportadores de cobre, pero no es productor de ese metal. Las primeras investigaciones arrojaron que entre el material exportado a países como China, Corea, Taiwán y Estados Unidos, estas redes estarían camuflando en contenedores legales cobre hurtado, especialmente en Bogotá, Medellín y Cali.

Las investigaciones están dirigidas a seguir la trazabilidad del metal vendido en el exterior. "El objetivo es establecer si el material exportado proviene de actos delictivos", dijo el general Rodolfo Palomino, director de Seguridad Ciudadana de la Policía.

En el caso de Bogotá, se detectó una organización, compuesta por 10 personas, que participa en cada una de las fases de la cadena. Cuentan con receptadores (que consiguen el cobre), limpiadores (extraen el metal y lo convierten), comercializadores y transportadores. En lo corrido de este año 186 personas han sido capturadas por este delito y han sido incautados 92.000 metros de cable. Lo que se pretende ahora es "cortar la cadena criminal".

La Dijín trabaja en establecer cuánto del material exportado hace parte de las cifras de robo y detectar la trazabilidad del cobre en las fundas del metal, pues allí aparecen códigos que permiten detectar de dónde proviene.

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Accidente vial. Archivo particularEl Consejo de Estado determinó que la Nación tendrá que reparar económicamente a los familiares o las personas que protagonicen algún accidente cuando conduzcan bajo los efectos del alcohol en vías que estén en mal estado.

En la decisión judicial se indica que no se le puede restar responsabilidad al Estado por el mal estado de la infraestructura vial sin importar el hecho de que la persona accidentada hubiera estado manejando bajo los efectos del alcohol.

En este sentido se indica que es el Estado y sus organismos los encargados de mantener las vías y brindar un buen servicio con el fin de cuidar el estado de las vías en todo el territorio nacional, por lo que tienen que responder en los casos en que el siniestro ocurra por falta de iluminación o señalización en las vías.

El pronunciamiento lo hizo el alto tribunal al ordenar la indemnización de la familia de un hombre que murió en la ciudad de Popayán en el 1998 a consecuencia de un choque con un árbol que estraba caído sobre la vía por la cual se movilizaba en su moto y el cual no vio por la falta de iluminación en la misma.

En este caso el Tribunal Administrativo de Cali negó la indemnización a los familiares de la víctima, bajo el argumento que la culpa fue exclusiva de la víctima, por cuanto manejaba bajo el efecto del alcohol, indicando además que iba conduciendi a 60 kilómetros por hora y sin el respectivo casco de protección.

Sin embargo, el tribunal de lo contencioso administrativo indicó que al no estar demostrado que la víctima quería atentar contra su vida, la Nación es responsable por no haber retirado oportunamente el árbol de la vía, y no hacerle mantenimiento al alumbrado público de la carretera.  

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