Capturados 12 señalados guerrilleros. Algunos intentaron infiltrar cuarteles de Ejército y Policía. El general Carlos Ramiro Mena, director de la Dijín, indicó que en el sector de Usme fue hallada una sastrería de uniformes similares a los de la Fuerza Pública que eran entregados a guerrilleros de 'Romaña', jefe del llamado Interferente del Ariari.

Entre los detenidos también están, según indicó la Policía, los hermanos Jaider y Alexis Henao, conocidos como los 'Guapochones', quienes serían los encargos de brindar el apoyo logístico y abastecer a la red de apoyo al terrorista que 'Romaña' envió a Bogotá y responsable del atentado frente a Pan Pa Ya.

"Jaider Henao Naranjo, 'Diego Guapuchón', se había convertido en hombre de confianza de 'Mauricio El Médico', miembro del secretariado de las Farc. Este individuo era además el encargado de coordinar el tráfico de armas, municiones y explosivos para esa organización en Bogotá, a la vez que negociaba base de coca en varias veredas del municipio de Mesetas, en el departamento del Meta", indicó la Policía.

El general Mena indicó que entre los detenidos también está alias el 'Gordo Frank', quien tenía un local en la central de abastos Corabastos que usaba de fachada para suministrar elementos a la red de 'Romaña'.

También una señalada guerrillera que haciéndese pasar como vendedora de alimentos intentó infiltrar los cuarteles militares y de Policía.

El gobierno ha dado un paso atrás en materia de fuero militar, pero todo indica que se prepara a dar un salto adelante. El artículo para reforzar el fuero militar que el ministro de Defensa introdujo en el proyecto de reforma a la Justicia en el Congreso desató una tormenta. No solo defensores de derechos humanos y ONG nacionales e internacionales, como Human Rights Watch, sino el Departamento de Estado de Estados Unidos, la tenían entre ojos. La decisión, anunciada por el presidente, de retirar ese artículo, por "consejo" de la comisión de alto nivel que estudia el fuero militar, es, a todas luces, una derrota para el ministro y el gobierno. Pero se trata apenas de las primeras de cambio en una larga batalla, tan compleja como apasionada, y el gobierno ya tiene lista su próxima carta, que se jugará a comienzos de marzo.

A todas luces, el gobierno se equivocó de estrategia en su intento de dar a los militares lo que piden en materia de garantías jurídicas. Introducir a último minuto en la reforma a la Justicia un artículo que cambia lo que la Constitución dice desde 1886 (y que ratificó la del 91) sobre el fuero militar generó sorpresa. El texto, que se interpretó como un intento de devolver a la Justicia Penal Militar la primera competencia para toda acción emprendida por los uniformados con ocasión del conflicto armado, generó toda clase de reacciones.

Como un hecho histórico calificó el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, la activación del Sistema de Asistencia de Investigación Criminal a las Fuerzas Militares: “Este sistema le va a permitir a las unidades militares más lejanas y complejas, ya no sólo identificar a esos milicianos o miembros de estructura de apoyo al terrorismo en la parte logística sino además poder capturar a esos criminales antes de que atenten de manera indiscriminada contra el pueblo colombiano”, afirmó Pinzón.

El Ministro afirmó que gracias al proceso de revisión estratégica adelantando al interior de la Fuerza Pública desde su llegada al Ministerio, se identificaron varias acciones orientadas a combatir las nuevas modalidades delictivas de las organizaciones criminales y los grupos terroristas.

Declaración del Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, sobre el asesinato por parte de las Farc de cuatro miembros de la Fuerza Pública que se encontraban secuestrados

Bogotá, 26 de noviembre de 2011. 

Con profundo dolor de patria, con profundo dolor de colombiano debo informar hoy a todo el país que esta mañana fueron encontrados, asesinados con tiros de gracia, cuatro secuestrados de la Fuerza Pública. 

Nos duele profundamente en el alma, nos duele por sus familias. 

La Fuerza Pública tiene la legitimidad y la obligación constitucional de defender los derechos de los colombianos en todo el territorio nacional, por ello es necesario adelantar operaciones militares y policiales en todo el país, precisamente para defender los Derechos Humanos y las libertades de todos los colombianos.

Hace 45 días tropas de las Fuerzas Militares adelantaban una operación en la zona general del municipio de Solano, Caquetá. En esa zona se venían adelantando operaciones en busca de una estructura de las FARC de acuerdo a informaciones que se tenían previamente. 

Durante el consejo extraordinario de Ministros, encabezado este lunes por el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el gobierno decidió destinar 23 mil millones de pesos más para la atención de emergencias provocadas por la actual temporada de lluvias que afecta a varias regiones del país.

Pinzón explicó que todas las instituciones del Gobierno Nacional están completamente coordinadas para apoyar a las autoridades locales en la atención de los damnificados. 

“El Gobierno viene actuando de manera decidida en todo el territorio nacional, tanto en el tema humanitario como en lo relacionado a las afectaciones en materia vial”, señaló el Ministro. 

Resaltó el papel de las Fuerzas Militares y la Policía en el apoyo a las comunidades afectadas por las intensas lluvias asegurando que “la Fuerza Pública está en todo el territorio en alerta, pendiente de colaborar con las autoridades locales para atender las emergencias”. 

El Ministro dijo que se dieron instrucciones a la Brigada de Ingenieros Militares para que se utilicen varios puentes (al menos 18) que las Fuerzas Militares tienen dentro de sus recursos, en los casos en los que las emergencias lo ameriten. También anunció que la Policía de Carreteras cada seis horas va a estar informando al país sobre el estado de las vías.