Corrupción
Tropas del Ejército Nacional de Colombia. Ningún militar aparece involucrado en el presunto ilícito.

www.fuerzasmilitares.org (28MAY2018).- Un nuevo cartel empresarial acaba de detectar la Superintendencia de Industria y Comercio. Se trata del conformado por 7 empresas y 11 personas naturales que participaban en contrataciones para dotar de alimentación a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, a través de la Bolsa Mercantil de Colombia y, para burlar la competencia, hacían acuerdos, manipulaban los precios o se repartían contratos.

Tras comprobar estas conductas que atentan contra la competencia y violan el estatuto del consumidor, el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, decidió abrirles pliego de cargos a estas compañías y a las personas naturales vinculadas con ellas. La entidad reiteró que en este proceso no está involucrados funcionarios de las Fuerzas Militares así como tampoco de la Bolsa Mercantil de Colombia.

La investigación de la entidad encontró que entre 2011 y 2018 este cartel operó de manera permanente e ininterrumpida y logró comprobar conductas que atentan contra la competencia en al menos 10 procesos de selección adelantados para elegir los proveedores de raciones alimenticias requeridas por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Todo indica que las empresas y personas investigadas se habrían repartido entre sí contratos con presupuestos oficiales por más de 47.000 millones de pesos.

El modo de operar identificado por la investigación de la Superindustria muestra que estas empresas y personas habrían alterado o adulterado los valores de las raciones “con precios artificialmente altos, al haber pactado no competir y, por ende, renunciar a presentar ofertas a la baja en las subastas inversas en las que habrían participado ante la Bolsa Mercantil de Colombia por intermedio de sociedades comisionistas de bolsa, dos de las cuales están vinculadas al presunto cartel empresarial”, dijo el titular de esta entidad de vigilancia.

Esta cartelización para la venta de raciones de alimentación, según la entidad, le habría generado sobrecostos de al menos 50 por ciento del valor de los productos a contratar, entre ellos ajiaco, tamal, arroz atollado, arroz con pollo, arveja con tocino, lentejas con chorizo, macarrón con pollo, garbanzo a la madrileña y productos de panadería, como panetón italiano, galleta integral, brownie.

Las empresas cobijadas con el pliego de cargos son Industrias Alimentos y Catering S.A.S.; La Huerta de Oriente; Iberoamericana de Alimentos y Servicios; Productora y Distribuidora de Productos Lácteos y Comestibles; Inversiones Baalbek; así como los comisionistas de bolsa Comisionistas Financieros Agropecuarios, Comfinagro y A.R. TripleA. Por otra parte las personas naturales que hacen parte de este pliego de cargos, Hayder Mauricio Villalobos Royas; Juan Carlos Almansa Latorre; Ronald Hispardo Valbuena Beltrán; Hernando Prieto Molina; Diana Lucero Gualteros Jiménez; William Fajardo rojas; Claudia Marcela González Martín; Luz Adriana Almansa Latorre; Alfredo Rafael Roa Sarmiento; Luis Hernando Villalobos Sabogal y Javier Caparroso Hoyos.

De confirmarse que estas empresas y personas violaron el régimen de libre competencia, la Superindustria les podría imponer multas de hasta 78.124 millones de pesos por cada infracción en el caso de los agentes del mercado investigados y de hasta 1.562 millones de pesos a las personas naturales.

El superintendente Robledo destacó que el Grupo Élite contra Colusiones de la Delegatura para la Protección de la Competencia, que lidera la investigación encontró correos electrónicos, mensajes de Whatsapp y documentos digitales que confirmarían la manera en que operaban los estos proveedores para acordar precios o quién se quedaba con los contratos.  

Las irregularidades no solo consistían en llegar a estos acuerdos previos, también los investigadores encontraron que una vez se habían concertado, “procedían a dar las respectivas instrucciones a los corredores de las sociedades comisionistas que los representaban ante la Bolsa Mercantil de Colombia, para que el resultado de la subasta reflejara fielmente los acuerdos cartelistas que ya se habían convenido. En otras palabras, los comisionistas de bolsa que representaban a los oferentes, no desplegaban ninguna actividad competitiva y con ello materializaban los pactos ilegales mencionados”, aseguró la SIC.

La entidad ordenó compulsar copias con destino a la Fiscalía General de la Nación para que sea esta entidad quien determine si existe alguna responsabilidad penal por estos hechos.

 

(semana.com)