Personal de las FARC. Imagen de archivo.En su taller de confecciones en una humilde barriada del sur de Bogotá, Álvaro Pérez, quien durante diez años elaboró los uniformes para los guerrilleros de las  Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sigue cosiendo pero ahora con un nuevo modelo que desea sirva para la paz de Colombia.

"Las manos que confeccionan estos productos antes cargaban un arma. Esto es lo que estas manos hacen por Colombia hoy", dice un aviso a la entrada de la sastrería, ubicada en el primer piso de un anónimo edificio de ladrillos, informó AFP.

"Mi mayor mensaje es que mediante el trabajo se logra la paz también", aseguró en medio del ruido de las máquinas de coser este hombre de 53 años y cabello entrecano que quiere mostrarse como ejemplo de cara al inicio en octubre de un diálogo entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"El mejor aporte a la paz es trabajar, porque mucha gente ha llegado a la guerrilla por falta de oportunidades, por pobreza económica", explicó Pérez, quien se sumó a esa guerrilla comunista en 1996.

"Me pareció justo, porque veía que la guerrilla le quitaba a los ricos y ayudaba a la gente más pobre", dijo este hombre que se dedicó a confeccionar en los campamentos en medio de la selva las gorras, pantalones y ropa de camuflaje que usualmente visten los rebeldes.

Aunque refirió que nunca luchó, sí recuerda haber estado "en medio de combates, corriendo, escondiéndome, auxiliando a la gente, pero peleando no".

Su primera desilusión ocurrió cuando la guerrilla rechazó pagarle un salario por su trabajo. "Me dijeron: 'No se le está pagando a nadie aquí, aquí la gente está trabajando por una causa'".

El Ministro se dirige a las tropasTropas de la Fuerza de Tarea Sumapaz adscrita a la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional en coordinación con la Policía Nacional, lograron la captura de alias “Alejandro o Botija” segundo cabecilla de la cuadrilla 25 de las Farc, en la vereda Altamira del municipio de Prado, estructura que delinque en el norte del departamento del Tolima.

En su visita al Batallón de Alta Montaña No. 1, en el Sumapáz, el Ministro Pinzón exaltó la captura de alias “Alejandro o Botija”, responsable de las finanzas de la cuadrilla 25 de las Farc mediante la extorsión a ganaderos y comerciantes de la región.

En el momento de la captura este sujeto tenía en su poder una pistola calibre 7.65 mm, un proveedor, cinco cartuchos, un radio de comunicaciones, siete memorias micro, una usb, seis celulares gama baja, un BlackBerry, tres millones de pesos en efectivo y un cuaderno con información de valor, entre otros elementos.

Alias “Botija”, ingreso a las Farc en el año de 1997 y fue asignado a la cuadrilla 40, donde se desempeñó en diferentes cargos, pero se especializo en las actividades de finanzas para la estructura, en 2010 fue trasladado como tercer cabecilla de la cuadrilla 25 y posteriormente gracias a sus habilidades delictivas asumió el cargo que ostentó hasta la fecha como segundo al mando. El capturado cuenta con estudios en comunicaciones, enfermería, inteligencia de combate, sistemas y organización de masas.

En su prontuario delictivo figura la participación el pasado 20 de agosto de 2012 en la quema de un bus de la empresa Auto fusa, en el municipio de Dolores, en la quema de otro vehículo de transporte público de la misma empresa el día 12 de junio del presente en el municipio de Icononzo Tolima, en el hostigamiento al municipio de Puerto Lleras (Meta) en 1999 y en la toma a la base de la Brigada Móvil N° 3 en el Billar (Caquetá) en 1998 .

Alias “Alejandro o Botija” tendrá que responder por los delitos de rebelión, terrorismo, tráfico, fabricación y porte ilegal de armas de fuego, tras la legalización de la captura fue recluido inicialmente en la cárcel de Fusagasugá.

Soldados del Batallón Guardia PresidencialAhora los jóvenes en Colombia podrían acudir a la objeción de conciencia para no prestar el servicio militar obligatorio en las Fuerzas Armadas.

Así lo establece el marco jurídico y reglamentación a la objeción que empezó a ser tramitado en el Congreso de la República.

La autora de la iniciativa, la senadora Maritza Martínez, explicó que el proyecto busca que “muchísimos jóvenes que en Colombia piensan diferente y tienen convicciones diferentes a la de la mayoría, y no se sienten capaces de prestar el servicio militar obligatorio” puedan acogerse a dicha figura.

Actualmente, no hay ninguna norma que respalde a los ciudadanos que decidan acudir a la objeción de conciencia para no prestar el servicio militar. La idea es que se respete y reconozca ese derecho.

Sin embargo, no quiere decir que le hagan el quite a las obligaciones con el Estado y con la Patria. El proyecto igual propende por buscar mecanismos para llevar a los jóvenes al servicio pero de una manera diferente.

Por eso, se busca que toda actuación se dé acorde con las convicciones y conciencia de los jóvenes del país.

Tropas del Ejército ColombianoEl Observatorio Conflicto y Ciudad del Politécnico Grancolombiano y el Partido Liberal publicaron un informe que muestra que Colombia ha invertido en el conflicto armado interno, durante los últimos 10 años, 206 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación.

Según el estudio, el país ha empleado estos recursos en gastos de defensa, reparación de víctimas, atención de desplazados y apoyo a niños víctimas del conflicto. Parte de ese dinero implica el costo que han tenido para el Estado los ataques a la infraestructura petrolera.

Dentro del precio que ha tenido que asumir el país a razón del conflicto está la desmovilización y reintegración de los excombatientes de los grupos al margen de la ley. 

Desmovilizados

Según las cifras publicadas, tan solo en los últimos cinco años 10.656 integrantes de grupos al margen de la ley se han desmovilizado. En ese sentido el observatorio afirma que entre el 2008 y el 2012, se encuentran 1.543 guerrilleros del Eln y 8.978 de las Farc, quienes han mostrado su voluntad de regresar a la sociedad civil. 

El análisis revela que sólo en 2012 los recursos destinados para la reintegración de los excombatientes de los grupos ilegales fue de 158.133 millones de pesos y que durante los últimos 6 años la cifra invertida alcanza los 669 millones de pesos.

Minería en ColombiaA usanza del panorama vivido en la zona esmeraldífera de Boyacá durante los años 80, en el país se está gestando una confrontación cada vez más grande entre los grupos armados ilegales que pretenden hacerse a los millonarios recursos derivados de la actividad minera y de hidrocarburos. Una guerra en la que las guerrillas, las bandas criminales y los ex paramilitares aparecen como rivales, pero también como aliados tácitos en zonas específicas de ocho departamentos y que amenaza con agravarse en la medida en que llegan más recursos para explotación de recursos naturales.

La estrategia de los ilegales es más sofisticada que la de las violencias de los años 80 y no necesariamente se ve reflejada en las cifras sobre homicidios o secuestros. Lo que están haciendo ahora es presionando a las multinacionales para que les paguen por servicios de seguridad, estrategia atribuida desde hace décadas a los grupos guerrilleros en relación con la industria petrolera. O a los paramilitares de los 80 y 90 con sectores como el ganadero y el bananero. Sólo que ahora, cuando la industria extractiva está en pleno crecimiento, la delincuencia ha dado hasta para reincorporar en cuestionadas empresas de seguridad a parte de los recién desmovilizados paramilitares, quienes ahora actúan bajo la fachada de bandas emergentes.

La advertencia está consignada en el más reciente estudio del Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), en el que se precisa que la minería de oro genera un mayor atractivo económico para los grupos armados que la cocaína, dada la intensificación de la cruzada contra las drogas ilícitas en el país.

Antioquia, Chocó, Córdoba, Bolívar, Santander, Tolima, Valle y Cauca son los departamentos en los que mayor dinamismo tiene la explotación de ese metal y coinciden también con las zonas más afectadas por la intensificación de la violencia en el país.